La sanción de riesgo fiscal y los ciudadanos acreedores del Fisco

Desde hace años el contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sufren la constante generación de saldos a favor que resultan imposibles compensar en el mediano plazo, atento los mecanismos establecidos en las distintas jurisdicciones para proceder a su devolución o su acreditación.

SILVINA E. CORONELLO(*)

En materia de Impuestos sobre los Ingresos Brutos -en adelante IIBB-, hace años que los ciudadanos sufren retenciones y percepciones, sean o no contribuyentes del impuesto, y en el primer caso, ajustándose o no a la obligación tributaria que posteriormente se determine. Por ello, se generan constantes saldos a favor que resultan imposibles de compensar en el mediano plazo. 

Las jurisdicciones establecen mecanismos para proceder a su devolución e incluso para evitar nuevas retenciones y percepciones (inclusión en el padrón de exentos), que desde el punto de vista del contribuyente, resultan ineficaces.

Esta situación lesiona el derecho de propiedad y genera en los contribuyentes graves problemas financieros, toda vez que los regímenes de retención y percepción parecieran planeados para evitar la devolución de los saldos a favor en tiempo y forma oportunos y garantizar su utilización por el erario público, excediendo todos los límites constitucionales.

En el Consenso Fiscal celebrado el 16/11/17 las jurisdicciones locales se comprometieron a: (i) adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación y evitar la generación de saldos a favor permanentes, y (ii) establecer un mecanismo de devolución automática del saldo a favor acumulado en el plazo máximo de 6 meses desde el pedido.

1| EFECTO PORTEÑO

En esta oportunidad nos referimos a la Ciudad de Buenos Aires, si bien el escenario se reitera, con distintos matices, en todas las jurisdicciones locales donde se encuentran vigentes regímenes de retención y percepción en la fuente y el régimen de retenciones bancarias (SIRCREB). 

Pese al compromiso asumido en el consenso, la administración tributaria porteña dictó la Resolución N° 52/AGIP/2018 reglamentaria del art. 248 del Código Fiscal, que instituye un supuesto “mecanismo de control para incentivar el cumplimiento de los deberes formales y materiales por parte de los contribuyentes y responsables”, pero que en los hechos es un mecanismo sancionatorio establecido al margen de la ley, que se materializa por la inclusión en un Padrón de Riesgo Fiscal y establece alícuotas incrementadas para las retenciones y percepciones del IIBB. 

A tal fin el art. 1° de la resolución citada establece la “Matriz de Perfiles de Riesgo Fiscal” para “categorizar” -o sea sancionar- a los sujetos pasivos del impuesto conforme a las conductas que configuran la inclusión en el “Padrón de Riesgo Fiscal” y que son las siguientes:

1.- Falta de Inscripción en el IIBB como contribuyente.

2.- Omisión/es de presentación de declaraciones juradas anuales exigibles en el IIBB.

3.- Omisión/es de presentación de declaraciones juradas mensuales exigibles en el IIBB como contribuyente.

4.- Omisión/es de presentación de declaraciones juradas mensuales exigibles en el IIBB como agente de recaudación.

5.- Omisión/es de pago de declaraciones juradas mensuales exigibles en el IIBB como contribuyente.

6.- Omisión/es de pago de declaraciones juradas mensuales exigibles en el IIBB como agente de recaudación.

7.- Presentación/es de declaraciones juradas en cero en el IIBB como contribuyente.

8.- Presentación/es de declaraciones juradas en cero en el IIBB como agente de recaudación.

9.- Presentación/es de declaraciones juradas juradas fuera de término en el IIBB como contribuyente.

10.- Presentación/es de declaraciones juradas con detracción o deducciones no admitidas en el IIBB.

11.- Presentación/es de declaraciones juradas con inconsistencias en el IIBB como contribuyente.

12. – Presentación/es de declaraciones juradas con inconsistencias en el IIBB como agente de recaudación.

13.- Rectificación/es de declaraciones juradas en el IIBB.

14.- Aplicación/es de alícuotas no adecuadas al encuadramiento de la actividad.

15.- Aplicación/es de alícuotas no adecuadas al encuadramiento de la actividad como agente de recaudación.

16.- Caducidad/es de planes de regularización de deudas.

17.- Sujeto excluido de oficio del Régimen Simplificado. 

18.- Incumplimiento de empadronamiento de Anuncio/s publicitarios

19.- Falta de respuesta al cuestionario electrónico secuencial y automatizado de la aplicación fiscalización electrónica AGIP.

20.- Los contribuyentes y/o responsables del IIBB que fueran deudores de cualquiera de los tributos recaudados por la AGIP, en instancia administrativa o judicial, por importes nominales superiores al doble del fijado para la transferencia para su cobro por vía judicial.

La resolución establece las distintas alícuotas de retención y percepción incrementadas para los distintos niveles de riesgo fiscal (Muy bajo: 0, Bajo: 1, Medio: 2, Alto: 3 y Muy Alto: 4), estipulados en el artículo 2°; y todo ello se plasma en la inclusión directa del contribuyente en el Padrón de Riesgo Fiscal.

Ahora bien, las conductas señaladas configuran incumplimientos de obligaciones materiales o deberes formales, que encuadran en los ilícitos previstos en los artículos 102 y sgtes. del Código Fiscal vigente, que establece un procedimiento para la aplicación de la sanción que corresponda.

Sin embargo, burlando la normativa legal vigente y el compromiso asumido en el Consenso Fiscal, y con el falso pretexto de incentivar el cumplimiento, la administración tributaria aplica la sanción de inclusión en el padrón de riesgo fiscal, que no está prevista legalmente, que carece de procedimiento previo en el cual se permita el ejercicio del derecho defensa del contribuyente, y que carece de vía recursiva con efecto suspensivo, afectando derechos y principios constitucionales, entre los cuales se destacan el derecho de propiedad, el derecho de defensa y debido proceso, el principio de tutela judicial efectiva y el principio de legalidad y demás garantías en materia sancionatoria aplicables a todos los ilícitos.

Por lo tanto,la vigencia de esterégimen sancionatorio de facto, establecido por una resolución administrativa y que sanciona sin sumario previo, resulta de una gravedad extrema en un estado de derecho.

La situación se torna más grave aún para los contribuyentes que son incluidos en el padrón de riesgo fiscal, y además son acreedores del fisco por detentar saldos a favor en el IIBB como consecuencia de los regímenes de retención y percepción, encontrándose incluidos en el padrón de exentos.

Ello es así por cuanto la normativa que reglamenta la función de los agentes de recaudación les exige priorizar la aplicación del padrón de riesgo fiscal, sin contemplar si el contribuyente ha consentido su inclusión, si el contribuyente detenta saldo a favor y si ha sido incluido en el padrón de exentos (arts. 45 y 75 del Anexo I de la Resolución 939/AGIP/13 modificada por la Resolución 421/AGIP/16).

2| EL JUEGO DE LOS PADRONES

De manera tal que aun cuando el contribuyente acreedor logre su inclusión en el padrón de sujetos exentos de retenciones y percepciones, si por alguna razón la administración tributaria lo sanciona incluyéndolo en el padrón de riesgo fiscal, aún sin que esta inclusión sea consentida por el contribuyente, dicho padrón de riesgo fiscal tiene preeminencia por sobre el padrón de sujetos excluidos y por ende el sujeto acreedor del fisco es retenido o percibido a la alícuota incrementada.

Así una vez más los contribuyentes y demás ciudadanos ven avasallados sus derechos constitucionales por parte de los fiscos locales.Sin perjuicio de los planteos judiciales que cada uno de ellos pueda realizar, debe tenerse presente que el fisco debería respetar los derechos y principios constitucionales que integran el denominado “estatuto del contribuyente”, como así también la normativa legal vigente, en cuyo marco puede (y debe) ejercer sus facultades de verificación y fiscalización, conforme a los procedimientos que la ley establece, garantizando el derecho de defensa de los particulares. Asimismo el fisco debería regularlos regímenes de retenciones y percepciones, de manera que resulten de utilidad para adelantar ingresos al erario público sin lesionar la propiedad y demás derechos fundamentales de los ciudadanos.

(*) Especialista en Derecho Tributario (UBA). Estudio Coronello & Giménez. Docente de grado y posgrado en distintas universidades.

Sobre Claudio Clau 28 Artículos
La actualidad tributaria y previsional analizada a fondo para su aplicación práctica. Anticípese

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